El juez peruano Richard Concepción Carhuancho dictó este sábado 36 meses de prisión preventiva contra el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama, y comparecencia e impedimento de salida de su país para el también exministro de esa orientación política Augusto Bedoya.

Yoshiyama, quien se encuentra en Estados Unidos, y Bedoya son investigados por un caso de presunto lavado de activos que se lleva adelante contra la líder opositora Keiko Fujimori por la supuesta financiación irregular de su campaña electoral de 2011.

"A juicio de este despacho se habría configurado el delito de lavado de activos imputado a los dos investigados en la modalidad de actos de conversión", señaló el juez durante la última audiencia del pedido fiscal de 36 meses de prisión contra Keiko y otras diez personas vinculadas a su partido, Fuerza Popular.

Concepción Carhuancho sostuvo que hay "elementos de convicción" sobre la entrega de un millón de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011 de Keiko Fujimori.

Agregó que la primera entrega de esa suma se hizo a Yoshiyama a mediados de 2010 para ser usada en la primera vuelta electoral y que la segunda se dio a Bedoya, en una primera parte de 200.000 dólares, el 3 de mayo de 2011, y en otra de 318.000 dólares, el 11 de mayo de 2011, montos que fueron empleados en la segunda vuelta electoral.

El juez recordó que existen las declaraciones de los ejecutivos de la constructora Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri, quienes afirmaron que se entregó un millón de dólares a la campaña de Keiko Fujimori de 2011.

Indicó que ese dinero tendría naturaleza ilícita, pues provendría de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas, que era la oficina encargada de otorgar los pagos ilegales de Odebrecht.

También mencionó la "sospecha grave" de la existencia de actos de ocultamiento del dinero realizados por Yoshiyama, quien habría camuflado los fondos ilícitos mediante falsos donantes a través de su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki, quien ha confesado esa modalidad.

Por ese motivo, consideró necesario imponer la prisión preventiva contra Yoshiyama por la existencia de peligro de fuga, ya que este no tendría arraigo en el país, porque permanece en Estados Unidos mientras se recupera de una operación en los ojos.

El juez dijo que ya no existen motivos para que siga ausente de Perú y que "su indicación de que recién vendría en diciembre (próximo) evidencia una conducta de querer eludir de la justicia".

En el caso de Bedoya sostuvo que no se ha llegado al grado de sospecha grave, que se deberá determinar durante la investigación, por lo que ordenó la comparencia e impedimento de salida del país por 36 meses.

Al inicio de la última audiencia de hoy, Concepción Carhuancho informó que el empresario Giancarlo Bertini Vivanco, sindicado por la Fiscalía como uno de los encargados de camuflar los presuntos aportes ilícitos, salió del país hacia Bolivia este 21 de octubre.

El juez dictó el martes pasado 36 meses de prisión preventiva y ordenó la búsqueda y captura a nivel nacional e internacional de Bertini Vivanco.

Por este caso, el juez también ha impuesto 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori y a sus asesores Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz, así como al extesorero Luis Mejía Lecca.

Además, ordenó 36 meses de arresto domiciliario y comparecencia restringida por el mismo plazo para la tesorera Adriana Tarazona y la secretaria Carmela Paucará, y comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país durante 36 meses para Jorge Yoshiyama Sasaki, quien aceptó confesar en la investigación.

El fiscal José Domingo Pérez sostiene que todas estas personas integraron una organización criminal enquistada en la cúpula de Fuerza Popular para captar dinero ilícito con el que alcanzar el poder, y desde ahí retribuir los favores con actos de corrupción.

Entre el dinero presuntamente ocultado bajo esta modalidad está el millón de dólares que Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Keiko, aparentemente desde la cuenta oculta con la que pagaron sobornos en al menos doce países de Latinoamérica.

EFE